Muchos padres han censado a sus hijos o a la familia completa en casas de familiares o amigos que viven en las proximidades del centro de su elección. Se dan casos de viviendas donde hay registradas 30 ó 40 personas porque el procedimiento administrativo es muy sencillo. El baremo de valoración para la admisión de alumnos en infantil y primaria da la mayor cantidad de puntos 10 por la residencia o el trabajo de los padres en la cercanía del centro. En segundo lugar se prima con dos puntos a las familias monoparentales, por lo que muchos padres han procedido a realizar una separación legal (y temporal, claro) para obtener esos dos puntos. Es tal el grado de fraude que algunos padres han contratado detectives para denunciar a quienes se han visto beneficiados de tales prácticas con el fin de que sus hijos puedan entrar en la ansiada lista de admitidos, como contaba el país.
Por un lado es llamativo que muchos padres cometan fraude con impunidad por el solo hecho de que sus hijos estudien en un centro privado concertado. Me parece una de las mamarrachadas más grandes de los últimos tiempos. Por otro lado, si los padres quieren para sus hijos una determinada educación distinta a la que ofrece el sector público, no tienen más que pagarla. Hay colegios privados que no tienen las limitaciones que tienen los públicos o los concertados. La diferencia es que hay que pagar y, por supuesto, el control de la enseñanza. Así que todo el que quiera presumir del colegio al que lleva a sus hijos, o que no quiera verse sometido a la presión de las autoridades educativas, lo único que tiene que hacer es pagar. ¿Alguien se imagina que el Estado ofreciese elegir entre sistema sanitario público u otro privado de manera gratuita? ¿o lo mismo con las pensiones? Porque al final se trata de que los hijos vayan a determinado colegio religioso pero sin pagar la matrícula.
